El jueves 11 de diciembre de 2008, la Legislatura del Estado de Coahuila presentó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma los Artículos 14 y 22 de la constitución para reinstaurar la pena de muerte en nuestro país.
La propuesta ha generada la más ácida oposición tanto del PRD como del PAN, sin embargo cuenta con un velado respaldo por parte del PRI, toda vez que se trata de una medida propuesta por un estado priísta, y desde luego cuenta con la aprobación del PVEM.
La propuesta desde luego que contravendría los instrumentos internacionales que México ha suscrito para proscribir la pena de muerte, y es que esa medida ha demostrado ser completamente ineficaz para abatir el crimen; con todo y pena de muerte continúan los crímenes de lesa humanidad.
Además en un sistema judicial como el nuestro, podrían ser sujetos a esa pena vengativa, cientos de inocentes, solo por encontrarse en el lugar y hora equivocados, y por no contar con los medios para defenderse.
Sin embargo, el Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés afirma que el Derecho de construye en base a los hechos sociales reales, entiéndase la costumbre, y si la exigencia social es para aplicar la pena de muerte, entonces hay que ser consecuentes con la población.
Si bien, la razón le asiste al gobernador, yo quisiera ver lo que ocurrirá cuando aparezca el primer sentenciado a la pena de muerte y sus familiares, sobre todo si se trata de un inocente.
Sin embargo, si aceptáramos esa medida extrema, que se aplique cabalmente para todos aquellos que violan la ley escandalosamente, afectando el futuro de las familias, y eso aplica también para funcionarios de primer nivel y gobernantes que, por corrupción o indolencia, no cumplen con su obligación de combatir el crimen.
La propuesta ha generada la más ácida oposición tanto del PRD como del PAN, sin embargo cuenta con un velado respaldo por parte del PRI, toda vez que se trata de una medida propuesta por un estado priísta, y desde luego cuenta con la aprobación del PVEM.
La propuesta desde luego que contravendría los instrumentos internacionales que México ha suscrito para proscribir la pena de muerte, y es que esa medida ha demostrado ser completamente ineficaz para abatir el crimen; con todo y pena de muerte continúan los crímenes de lesa humanidad.
Además en un sistema judicial como el nuestro, podrían ser sujetos a esa pena vengativa, cientos de inocentes, solo por encontrarse en el lugar y hora equivocados, y por no contar con los medios para defenderse.
Sin embargo, el Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés afirma que el Derecho de construye en base a los hechos sociales reales, entiéndase la costumbre, y si la exigencia social es para aplicar la pena de muerte, entonces hay que ser consecuentes con la población.
Si bien, la razón le asiste al gobernador, yo quisiera ver lo que ocurrirá cuando aparezca el primer sentenciado a la pena de muerte y sus familiares, sobre todo si se trata de un inocente.
Sin embargo, si aceptáramos esa medida extrema, que se aplique cabalmente para todos aquellos que violan la ley escandalosamente, afectando el futuro de las familias, y eso aplica también para funcionarios de primer nivel y gobernantes que, por corrupción o indolencia, no cumplen con su obligación de combatir el crimen.
¿Acaso Moreira estaría a favor de ser sujeto a la pena de muerte por no lograr abatir el crimen organizado en su entidad? Habremos de preguntarle.