viernes, 12 de diciembre de 2008

Pena de muerte total


El jueves 11 de diciembre de 2008, la Legislatura del Estado de Coahuila presentó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma los Artículos 14 y 22 de la constitución para reinstaurar la pena de muerte en nuestro país.

La propuesta ha generada la más ácida oposición tanto del PRD como del PAN, sin embargo cuenta con un velado respaldo por parte del PRI, toda vez que se trata de una medida propuesta por un estado priísta, y desde luego cuenta con la aprobación del PVEM.

La propuesta desde luego que contravendría los instrumentos internacionales que México ha suscrito para proscribir la pena de muerte, y es que esa medida ha demostrado ser completamente ineficaz para abatir el crimen; con todo y pena de muerte continúan los crímenes de lesa humanidad.

Además en un sistema judicial como el nuestro, podrían ser sujetos a esa pena vengativa, cientos de inocentes, solo por encontrarse en el lugar y hora equivocados, y por no contar con los medios para defenderse.

Sin embargo, el Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés afirma que el Derecho de construye en base a los hechos sociales reales, entiéndase la costumbre, y si la exigencia social es para aplicar la pena de muerte, entonces hay que ser consecuentes con la población.

Si bien, la razón le asiste al gobernador, yo quisiera ver lo que ocurrirá cuando aparezca el primer sentenciado a la pena de muerte y sus familiares, sobre todo si se trata de un inocente.

Sin embargo, si aceptáramos esa medida extrema, que se aplique cabalmente para todos aquellos que violan la ley escandalosamente, afectando el futuro de las familias, y eso aplica también para funcionarios de primer nivel y gobernantes que, por corrupción o indolencia, no cumplen con su obligación de combatir el crimen.


¿Acaso Moreira estaría a favor de ser sujeto a la pena de muerte por no lograr abatir el crimen organizado en su entidad? Habremos de preguntarle.

México y la guerra contra sí mismo


Cuando todos pensábamos que la estulticia foxista había terminado, resulta que ahora nos topamos con un calderonismo que tiene en su guerra contra la delincuencia, la receta de su propio fracaso.

Y es que el Presidente de la República peca de grandísimo ingenuo al creer que se va a erradicar una delincuencia organizada que se alimenta precisamente de la permisiva cultura cívica que todos los mexicanos tenemos, luchar contra ello sería desatar una rebelión más pavorosa que la de 1910.

Calderón se equivoca si cree que con le tecnificación, información, inteligencia y estado de fuerza se combatirá al crimen; y es que el delito está arraigado en lo más profundo de las células del mexicano; hace unos días señalé a una señora, compradora de buena fe, por adquirir un disco pirata, le hice ver que se hacía cómplice de la delincuencia organizada, y la señora sin inmutarse se justificó en que el precio es más bajo.

Ahora resulta que el mexicano común estaría en condiciones de acostumbrarse a vivir en un permanente estado de zozobra con tal de que no se salga de su círculo de confort, no cabe duda, México es un país de idiotas.

Ya Giulliani propuso la “tolerancia cero” pero fue considerada inviable por el Gobierno del Distrito Federal porque no aplicaba para las características sociales de los mexicanos, entiéndase perder la clientela política que vive de la economía informal y que tendría como repercusión, la derrota electoral.

Si el Presidente en verdad se compromete a acabar con el crimen y la cultura de la ilegalidad, tendrá que ponerle barrotes a los límites territoriales de la República y solo dejar una pequeña porción para el 20% de los mexicanos que si cumplen cabalmente con las leyes de éste país.
Es triste tener que admitirlo, el Estado Mexicano sucumbió ante la ilegalidad y el crimen.

Diputados de Pacotilla


El pasado 11 de diciembre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una reforma al Artículo tercero de la Constitución para hacer obligatoria la educación media superior en toda la República.

Si bien la medida pareciera encomiable, en el fondo revela la miopía y la falta de pensamiento estratégico global por parte de los Diputados, ¡Hágame usted el favor!, con esta nueva disposición lo primero que va a pasar es que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública incurrirá en una clara violación a la Constitución por el simple hecho de que la inversión pública en el desarrollo de la infraestructura, contenidos, personal docente y materiales será totalmente insuficiente para poder dar una cobertura eficiente de conformidad con lo que establece la nueva disposición, tal y como ocurrió en su tiempo con la educación preescolar.

Lo anterior no significa que nos opongamos a la medida pero, por favor, si los diputados tuvieran el equivalente a un gramo de materia gris en la cabeza, se habrían ocupado de preparar, de manera gradual, las condiciones para hacer obligatoria la educación media superior, y no dejo fuera que ya se incluyeran los presupuestos para que el Gobierno cuente con los recursos para cumplir con la obligatoriedad del preescolar, pendiente desde hace mucho tiempo.

Por otro lado, no hay que olvidar que la Constitución confiere la obligación de la educación al Estado y no solo al gobierno, de manera que espero que toda la población se involucre y comprometa con la delicada tarea de educar a las futuras generaciones de mexicanos, porque generalmente se le olvida a los políticos que el Estado se compone de territorio, población y gobierno; ¿O acaso son nuestros “insignes” Diputados los que deberían volver a la educación básica para ver si se les queda algo en la embarrada de sesos que tienen en la cabeza?

Hay que hacer las cosas con orden y no a ocurrencias coyunturales u oportunismos electoreros, bien dice el pensador – “¿Legisladores? Legislador Hammurabi o Juárez; pero estos payasos apenas y llegan a representantes populares”