El 11 de diciembre de 2006 el Presidente Calderón, más como un anuncio político con un pretendido efecto mediático que como acto formal, hizo una “declaración de guerra” a los capos del narcotráfico y dispuso de las fuerzas armadas para el efecto de combatir la delincuencia organizada.
Sin embargo, lo que parecía un acto valiente y esperanzador se ha trocado en una realidad dramática y aterrorizante cuando descubrimos que el problema se está saliendo de control del gobierno por dejar el asunto sólo en lo político y no en las formas.
De acuerdo con la fracción octava del artículo 89 de la Constitución, es facultad del Presidente de la República declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión, cosa que no sucedió.
Ahora bien, bajo el concepto del Estado de guerra, su aplicación es mayoritaria para conflictos con un país extranjero y debe sujetarse a un procedimiento escrito en el que se invocan instrumentos internacionales violentados, pero para el caso de la guerra civil el gobierno es el que convoca al estado de sitio o suspensión de garantías para mantener el orden público como lo expresa el artículo 29 de la Constitución que refiere explícitamente la suspensión de garantías individuales previo acuerdo de los titulares de las secretarías de estado y con la aprobación del Congreso de la Unión en los casos de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y además refiere que las garantías a suspenderse serían las que fuesen un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, cosa que tampoco sucedió ni sucede.
Dado lo anterior, pareciera que el Presidente, en vez de sujetarse a la norma jurídica como abogado que es, se ha ido por la libre con declaraciones ocurrentes que ponen en evidencia su falta de oficio político, su carencia de visión de Estado y además que está abrumado por los problemas sin saber cómo salir de ellos dejando más clara que nunca la frase de Séneca “Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va”
La realidad es que el ejército, a pesar de ser la institución con más credibilidad, comienza a caer en los fangos del desprestigio por estar en las calles combatiendo a un enemigo que se esconde entre la población civil y la utiliza como frente de guerra sin que haya una legislación que le de facilidades operativas a las fuerzas armadas en la coyuntura que vivimos.
Cierto es que hay una iniciativa al respecto que está atorada en el Congreso pero, sin justificar a los legisladores, esa ley se debió presentar y aprobar antes de sacar al ejército a las calles como ya lo mencioné antes al referirme al artículo 89 de la Constitución.
Y es que con una declaración de guerra revestida de toda la formalidad jurídica que se espera de un abogado, los ciudadanos realmente nos veríamos involucrados en la tarea de hacer frente al enemigo y no de estar entre declaraciones encontradas de que estamos en guerra y al mismo tiempo hablemos bien de México porque estamos en paz.
No puedo concebir en mi mente que la resistencia francesa, luego de la ocupación alemana, consumiera vinos Oppenheimer ante la falta de vinos de Burdeos o que adquiriera los bienes que el ejército nazi robaba a las familias judías que eran enviadas a los campos de exterminio. Para los franceses en resistencia era clarísimo que al enemigo no se le debía dar ninguna concesión.
Pero en México el gobierno nos dice que estamos en guerra contra el narco y no se hace ningún esfuerzo legal, ni político, mi mediático para hacer conciente a la población de que no se debe dar ni un milímetro de ventaja al enemigo y con sus comunicados encontrados de guerra-paz no nos damos cuenta que le exigimos seguridad al gobierno y al mismo tiempo consumimos de la cadena productiva que alimenta a los enemigos del Estado ya sea en la forma de piratería, contrabando, productos robados, prostitución, préstamos personales, obras públicas, seguridad alterna, etcétera.
Dado lo anterior se explica que se justifique el, por lo menos, inocente argumento de que los ciudadanos se insertan en la economía del enemigo por hambre, pero olvidamos que en un rasgo de identidad y patriotismo elemental, morir de hambre por la Patria es hasta honroso cuando se hace frente al enemigo, o al menos eso elogiamos a cada rato en el Himno nacional y el resto de nuestra mitología oficial.
“¡Guerra, guerra sin tregua al que intente, de la Patria manchar los blasones!” si los delincuentes ya mancharon los blasones patrios, por qué diablos el representante del Estado mexicano no hace las cosas con el orden esencial que se espera de quien defiende a la Patria, por qué no se ha dicho con toda seriedad a los mexicanos que estamos en guerra y que tomemos las previsiones pertinentes, por qué nos hacemos tontos y nadie hace su tarea en esta guerra.
Con una declaración formal de guerra no existiría siquiera la posibilidad de que una familia de Nuevo Laredo cometiera la osadía de salir a pasear en una zona de conflicto en la que podría morir en un supuesto fuego cruzado, ni se esperaría que un grupo de jóvenes fueran masacrados en una fiesta en Salvárcar o en las calles de Monterrey, simplemente saldríamos a zonas seguras y no andaríamos de noche por las calles, entenderíamos que estamos en guerra.
Sin embargo, lo que parecía un acto valiente y esperanzador se ha trocado en una realidad dramática y aterrorizante cuando descubrimos que el problema se está saliendo de control del gobierno por dejar el asunto sólo en lo político y no en las formas.
De acuerdo con la fracción octava del artículo 89 de la Constitución, es facultad del Presidente de la República declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión, cosa que no sucedió.
Ahora bien, bajo el concepto del Estado de guerra, su aplicación es mayoritaria para conflictos con un país extranjero y debe sujetarse a un procedimiento escrito en el que se invocan instrumentos internacionales violentados, pero para el caso de la guerra civil el gobierno es el que convoca al estado de sitio o suspensión de garantías para mantener el orden público como lo expresa el artículo 29 de la Constitución que refiere explícitamente la suspensión de garantías individuales previo acuerdo de los titulares de las secretarías de estado y con la aprobación del Congreso de la Unión en los casos de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y además refiere que las garantías a suspenderse serían las que fuesen un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, cosa que tampoco sucedió ni sucede.
Dado lo anterior, pareciera que el Presidente, en vez de sujetarse a la norma jurídica como abogado que es, se ha ido por la libre con declaraciones ocurrentes que ponen en evidencia su falta de oficio político, su carencia de visión de Estado y además que está abrumado por los problemas sin saber cómo salir de ellos dejando más clara que nunca la frase de Séneca “Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va”
La realidad es que el ejército, a pesar de ser la institución con más credibilidad, comienza a caer en los fangos del desprestigio por estar en las calles combatiendo a un enemigo que se esconde entre la población civil y la utiliza como frente de guerra sin que haya una legislación que le de facilidades operativas a las fuerzas armadas en la coyuntura que vivimos.
Cierto es que hay una iniciativa al respecto que está atorada en el Congreso pero, sin justificar a los legisladores, esa ley se debió presentar y aprobar antes de sacar al ejército a las calles como ya lo mencioné antes al referirme al artículo 89 de la Constitución.
Y es que con una declaración de guerra revestida de toda la formalidad jurídica que se espera de un abogado, los ciudadanos realmente nos veríamos involucrados en la tarea de hacer frente al enemigo y no de estar entre declaraciones encontradas de que estamos en guerra y al mismo tiempo hablemos bien de México porque estamos en paz.
No puedo concebir en mi mente que la resistencia francesa, luego de la ocupación alemana, consumiera vinos Oppenheimer ante la falta de vinos de Burdeos o que adquiriera los bienes que el ejército nazi robaba a las familias judías que eran enviadas a los campos de exterminio. Para los franceses en resistencia era clarísimo que al enemigo no se le debía dar ninguna concesión.
Pero en México el gobierno nos dice que estamos en guerra contra el narco y no se hace ningún esfuerzo legal, ni político, mi mediático para hacer conciente a la población de que no se debe dar ni un milímetro de ventaja al enemigo y con sus comunicados encontrados de guerra-paz no nos damos cuenta que le exigimos seguridad al gobierno y al mismo tiempo consumimos de la cadena productiva que alimenta a los enemigos del Estado ya sea en la forma de piratería, contrabando, productos robados, prostitución, préstamos personales, obras públicas, seguridad alterna, etcétera.
Dado lo anterior se explica que se justifique el, por lo menos, inocente argumento de que los ciudadanos se insertan en la economía del enemigo por hambre, pero olvidamos que en un rasgo de identidad y patriotismo elemental, morir de hambre por la Patria es hasta honroso cuando se hace frente al enemigo, o al menos eso elogiamos a cada rato en el Himno nacional y el resto de nuestra mitología oficial.
“¡Guerra, guerra sin tregua al que intente, de la Patria manchar los blasones!” si los delincuentes ya mancharon los blasones patrios, por qué diablos el representante del Estado mexicano no hace las cosas con el orden esencial que se espera de quien defiende a la Patria, por qué no se ha dicho con toda seriedad a los mexicanos que estamos en guerra y que tomemos las previsiones pertinentes, por qué nos hacemos tontos y nadie hace su tarea en esta guerra.
Con una declaración formal de guerra no existiría siquiera la posibilidad de que una familia de Nuevo Laredo cometiera la osadía de salir a pasear en una zona de conflicto en la que podría morir en un supuesto fuego cruzado, ni se esperaría que un grupo de jóvenes fueran masacrados en una fiesta en Salvárcar o en las calles de Monterrey, simplemente saldríamos a zonas seguras y no andaríamos de noche por las calles, entenderíamos que estamos en guerra.
En la guerra nos sería comprensible el toque de queda, la limitación a celebrar reuniones a altas horas de la noche, hacer presencia en sitios de alto riesgo, proteger bajo un protocolo a la prensa y sobre todo, en casos de ataques del ejército a civiles sin justificación, denunciar crímenes de guerra que podrían ser sancionados en cualquier jurisdicción.
Y bajo esa lógica también es comprensible que el Presidente llegara a desconocer los compromisos que tiene con empresarios, banqueros, políticos, sindicalistas, funcionarios, ministros de culto, líderes y ciudadanos que se han vuelto traidores y sirven a los enemigos de México ¿Acaso también el Presidente está sometido a los caprichos del enemigo o es simplemente que se ha quedado solo?
