El Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una iniciativa para legalizar el consumo de marihuana hasta en 300 gramos de manera individual con el objeto de abatir el mercado ilegal de drogas y permitir así un consumo racional de un estupefaciente de efectos menores.
En esencia la proposición pareciera interesante y positiva si se toma en consideración que el asunto de las drogas en México ha pasado de ser un problema de salud pública a uno de seguridad nacional, amén de una verdadera hipocresía social que en las palabras condena la ilegalidad y la impunidad, pero que en los hechos se muestra partidaria de las argucias para darle la vuelta a la ley y el Estado de Derecho.
Sin embargo, en la lectura encontramos tres deficiencias serias que harán de la capital de la República, si prospera la iniciativa, un santuario del narcotráfico en el continente americano.
Primeramente porque una iniciativa que despenalice el consumo de una sola droga, por “inocua” que pueda parecer, provocará la proliferación de un mercado subterráneo que causará más problemas de los que se pretendían resolver; además de que se tendrá menos control de la autoridad sobre el tráfico y consumo de drogas; para que una iniciativa de ese tipo realmente combata los efectos sociales que provoca la inacción, deberían despenalizarse indiscriminadamente las drogas para transferir el problema de nuevo a su esfera de salud pública, se desarticule toda la industria ilegal de narcóticos, y el tema pase al ámbito de lo privado.
Enseguida, no se ha tomado en consideración que si se elimina súbitamente la industria clandestina del narcotráfico, se experimentará una depresión económica importante para el país; en efecto, si la narcoindustria genera ganancias aproximadas de cuatro mil cuatrocientos millones de dólares al año*, que terminan siendo lavados e ingresan a la economía formal fuera suprimida de golpe, lo primero que se inhibe es la dinámica bancaria nacional; posteriormente se deprimiría el consumo de bienes y servicios, con la consecuente baja de ingresos fiscales por concepto de IVA; el crédito disminuye; y se contraería la economía en general. Hay que admitirlo, México sostiene buena parte de su dinámica económica en la ilegalidad.
Finalmente, la iniciativa no considera las presiones políticas internas y externas que vendrán en cascada, con el consecuente desprestigio al Gobierno del Distrito Federal y su derrota electoral en 2009 y 2012, porque si bien México se apoya en el circulante lavado, esas grandes cantidades de dinero significan solo el 15% de las ganancias totales del narco; el otro 85% de las ganancias se queda en los Estados Unidos con el silencio complaciente de su gobierno, de manera que en ese país hay una gran hipocresía desde hace muchos años, porque patrocina su economía en políticas repugnantes como la guerra, el tráfico de armas, personas, y sobre todo de drogas.
Si fuéramos líderes perredistas del Distrito Federal, lo pensaríamos más de una vez, antes de pretender ser un país “progre” en la forma –como si fuera un país bajo el Estado de Bienestar en la Europa Septentrional- pero ridículamente atrasado en la manera de hacer política y de convivir como ciudadanos.
* Departamento del Estado de los Estados Unidos
Sin embargo, en la lectura encontramos tres deficiencias serias que harán de la capital de la República, si prospera la iniciativa, un santuario del narcotráfico en el continente americano.
Primeramente porque una iniciativa que despenalice el consumo de una sola droga, por “inocua” que pueda parecer, provocará la proliferación de un mercado subterráneo que causará más problemas de los que se pretendían resolver; además de que se tendrá menos control de la autoridad sobre el tráfico y consumo de drogas; para que una iniciativa de ese tipo realmente combata los efectos sociales que provoca la inacción, deberían despenalizarse indiscriminadamente las drogas para transferir el problema de nuevo a su esfera de salud pública, se desarticule toda la industria ilegal de narcóticos, y el tema pase al ámbito de lo privado.
Enseguida, no se ha tomado en consideración que si se elimina súbitamente la industria clandestina del narcotráfico, se experimentará una depresión económica importante para el país; en efecto, si la narcoindustria genera ganancias aproximadas de cuatro mil cuatrocientos millones de dólares al año*, que terminan siendo lavados e ingresan a la economía formal fuera suprimida de golpe, lo primero que se inhibe es la dinámica bancaria nacional; posteriormente se deprimiría el consumo de bienes y servicios, con la consecuente baja de ingresos fiscales por concepto de IVA; el crédito disminuye; y se contraería la economía en general. Hay que admitirlo, México sostiene buena parte de su dinámica económica en la ilegalidad.
Finalmente, la iniciativa no considera las presiones políticas internas y externas que vendrán en cascada, con el consecuente desprestigio al Gobierno del Distrito Federal y su derrota electoral en 2009 y 2012, porque si bien México se apoya en el circulante lavado, esas grandes cantidades de dinero significan solo el 15% de las ganancias totales del narco; el otro 85% de las ganancias se queda en los Estados Unidos con el silencio complaciente de su gobierno, de manera que en ese país hay una gran hipocresía desde hace muchos años, porque patrocina su economía en políticas repugnantes como la guerra, el tráfico de armas, personas, y sobre todo de drogas.
Si fuéramos líderes perredistas del Distrito Federal, lo pensaríamos más de una vez, antes de pretender ser un país “progre” en la forma –como si fuera un país bajo el Estado de Bienestar en la Europa Septentrional- pero ridículamente atrasado en la manera de hacer política y de convivir como ciudadanos.
* Departamento del Estado de los Estados Unidos