Los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y Tlaxcala presentaron sus respectivos recursos de controversia constitucional en contra de la reforma del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal que la Asamblea Legislativa de esa entidad aprobara en diciembre de 2009; este proceso, aunado al que presentara la PGR, crea una ola política de peligrosas consecuencias para los promoventes.
Tal pareciera que la reacción contra la mencionada reforma se está produciendo con la víscera y no con la cabeza y, desde mi muy particular opinión, se está ante el riesgo de que las controversias sean rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, poniendo en un evidente ridículo a los quejosos y haciéndole gordo el caldo a los perredistas que aprovecharían la ocasión para la reivindicación de sus conquistas políticas.
Y es que, de origen, la propuesta de reforma resulta inofensiva porque en ningún momento se permite o se obliga explícitamente a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio civil, simplemente se sustituyó en la redacción del artículo 146 a “un hombre y una mujer” por “dos personas” que sí, tal vez podrían ser del mismo sexo o tal vez no, pero en esencia la reforma no tiene ninguna connotación homosexual.
Es cierto que los autores de la reforma iniciaron un debate malintencionado con todo el propósito de incitar a los grupos conservadores, homofóbicos y a las iglesias que se tragaron el anzuelo completito y respondieron a la provocación. Si tan sólo se hubiera presentado la iniciativa de reforma sin aspavientos la polémica estaría muy baja de tono, pero cuando se invocan los argumentos de posibilidad de matrimonios del mismo sexo, posiciones progresistas, intolerantes a la tolerancia y con plena dedicatoria a la Iglesia y a los sectores más conservadores en el PAN, la virulenta respuesta resultaba natural.
El problema es que los argumentos que presentan, tanto la PGR como los gobiernos locales, son ambiguos y hasta débiles porque en ninguna parte de la Constitución se menciona al núcleo familiar compuesto por determinadas figuras y lo mismo sucede con el artículo impugnado, por lo que toca a los estados el hecho de pretender desconocer la validez de un presunto matrimonio homosexual en otro estado, bajo la redacción del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, también desconocería en las entidades a los matrimonios heterosexuales.
El problema no está en el texto reformado, sino en las interpretaciones que se hacen de él, de hecho me atrevo a considerar inocua la reforma en el Distrito Federal y, aunque desde mi punto de vista respeto la diversidad de preferencias y no estoy de acuerdo en ponerle demasiada atención a un minúsculo segmento de la población, creo que se está exagerando demasiado el asunto.
Hay uniones heterosexuales y homosexuales de hecho que no precisan de la formalidad jurídica para generar compromisos exitosos y duraderos, ese es un asunto de la moral individual de las personas y esa se aprende en el hogar y, en todo caso, la Constitución sí es explícita al reconocer igualdad de derechos independientemente de la condición de cada individuo por lo que, en el Distrito Federal o en cualquier otro estado, cualquiera que pretenda unirse con una persona de su mismo sexo, se puede amparar para defender su garantía de igualdad ante la ley.
Pero nunca falta algún aspirante a político, voluntarioso y con una imagen magnificada de sí mismo que hace que se sienta Hammurabi y pretenda hacer la Gran Ley para figurar en la historia de México, aunque francamente lleve al edificio jurídico verdaderas manías para alimentar su gran ego y poner en evidencia su miopía como estadista.
El tema de los matrimonios del mismo sexo, más que del ámbito legislativo es digno del análisis de la política pública y allí sí sale perdiendo la comunidad lésbico-gay, transexual y transgénero porque, al no ser considerada su necesidad como un problema público -y al decir público me refiero a una posición mayoritaria de la población- debería resultar una petición rechazada por el poder ejecutivo en cualquiera de sus órdenes.
Dice un amigo muy estimado que teniendo cinco hermanos parece mentira que sus padres los hayan dejado de lado por atender a uno de ellos que tuvo orientación sexual diferente y eso es justamente lo que hizo el gobierno del Distrito Federal que, por defender la petición de una minoría en aras de un progresismo mal entendido, desatiende los serios problemas de una mayoría con necesidades más apremiantes y desprecia todo su ancestral bagaje cultural que, a decir del Diputado Muñoz Ledo y del Senador Carlos Navarrete, seguramente tendrá como resultado una baja en la intención de voto por el PRD.
Creo que el debate ha sido el pretexto perfecto para distraer la agenda pública de temas que requieren de mayor atención tales como la corrupción pública en el Distrito Federal, el manejo de los recursos públicos, las pretensiones presidenciales del Jefe de Gobierno y la falta de resultados en materia de seguridad, servicios públicos, infraestructura.
No dejemos que se nos vayan los asuntos importantes, ya es hora de que seamos maduros en la cosa pública y nos dejemos de discusiones pueriles que nos muestran como pubertos sociales.
Tal pareciera que la reacción contra la mencionada reforma se está produciendo con la víscera y no con la cabeza y, desde mi muy particular opinión, se está ante el riesgo de que las controversias sean rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, poniendo en un evidente ridículo a los quejosos y haciéndole gordo el caldo a los perredistas que aprovecharían la ocasión para la reivindicación de sus conquistas políticas.
Y es que, de origen, la propuesta de reforma resulta inofensiva porque en ningún momento se permite o se obliga explícitamente a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio civil, simplemente se sustituyó en la redacción del artículo 146 a “un hombre y una mujer” por “dos personas” que sí, tal vez podrían ser del mismo sexo o tal vez no, pero en esencia la reforma no tiene ninguna connotación homosexual.
Es cierto que los autores de la reforma iniciaron un debate malintencionado con todo el propósito de incitar a los grupos conservadores, homofóbicos y a las iglesias que se tragaron el anzuelo completito y respondieron a la provocación. Si tan sólo se hubiera presentado la iniciativa de reforma sin aspavientos la polémica estaría muy baja de tono, pero cuando se invocan los argumentos de posibilidad de matrimonios del mismo sexo, posiciones progresistas, intolerantes a la tolerancia y con plena dedicatoria a la Iglesia y a los sectores más conservadores en el PAN, la virulenta respuesta resultaba natural.
El problema es que los argumentos que presentan, tanto la PGR como los gobiernos locales, son ambiguos y hasta débiles porque en ninguna parte de la Constitución se menciona al núcleo familiar compuesto por determinadas figuras y lo mismo sucede con el artículo impugnado, por lo que toca a los estados el hecho de pretender desconocer la validez de un presunto matrimonio homosexual en otro estado, bajo la redacción del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, también desconocería en las entidades a los matrimonios heterosexuales.
El problema no está en el texto reformado, sino en las interpretaciones que se hacen de él, de hecho me atrevo a considerar inocua la reforma en el Distrito Federal y, aunque desde mi punto de vista respeto la diversidad de preferencias y no estoy de acuerdo en ponerle demasiada atención a un minúsculo segmento de la población, creo que se está exagerando demasiado el asunto.
Hay uniones heterosexuales y homosexuales de hecho que no precisan de la formalidad jurídica para generar compromisos exitosos y duraderos, ese es un asunto de la moral individual de las personas y esa se aprende en el hogar y, en todo caso, la Constitución sí es explícita al reconocer igualdad de derechos independientemente de la condición de cada individuo por lo que, en el Distrito Federal o en cualquier otro estado, cualquiera que pretenda unirse con una persona de su mismo sexo, se puede amparar para defender su garantía de igualdad ante la ley.
Pero nunca falta algún aspirante a político, voluntarioso y con una imagen magnificada de sí mismo que hace que se sienta Hammurabi y pretenda hacer la Gran Ley para figurar en la historia de México, aunque francamente lleve al edificio jurídico verdaderas manías para alimentar su gran ego y poner en evidencia su miopía como estadista.
El tema de los matrimonios del mismo sexo, más que del ámbito legislativo es digno del análisis de la política pública y allí sí sale perdiendo la comunidad lésbico-gay, transexual y transgénero porque, al no ser considerada su necesidad como un problema público -y al decir público me refiero a una posición mayoritaria de la población- debería resultar una petición rechazada por el poder ejecutivo en cualquiera de sus órdenes.
Dice un amigo muy estimado que teniendo cinco hermanos parece mentira que sus padres los hayan dejado de lado por atender a uno de ellos que tuvo orientación sexual diferente y eso es justamente lo que hizo el gobierno del Distrito Federal que, por defender la petición de una minoría en aras de un progresismo mal entendido, desatiende los serios problemas de una mayoría con necesidades más apremiantes y desprecia todo su ancestral bagaje cultural que, a decir del Diputado Muñoz Ledo y del Senador Carlos Navarrete, seguramente tendrá como resultado una baja en la intención de voto por el PRD.
Creo que el debate ha sido el pretexto perfecto para distraer la agenda pública de temas que requieren de mayor atención tales como la corrupción pública en el Distrito Federal, el manejo de los recursos públicos, las pretensiones presidenciales del Jefe de Gobierno y la falta de resultados en materia de seguridad, servicios públicos, infraestructura.
No dejemos que se nos vayan los asuntos importantes, ya es hora de que seamos maduros en la cosa pública y nos dejemos de discusiones pueriles que nos muestran como pubertos sociales.
