Este día hay un cumpleaños y aunque no hay nada que celebrar si deberíamos apagar todas las velitas y las veladoras que millones de mexicanos encienden todos los días para invocar a quien más confianza se le tiene en el mundo espiritual, que nuestros familiares vayan y vuelvan con bien a nuestras casas.
Así es, hoy hace justamente un año se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el que los gobiernos estatales, el del Distrito Federal y el gobierno federal suscribieron una serie de compromisos para atenderse de inmediato y hasta en un plazo de dos años sin que se hasta ahora se tengan resultados satisfactorios.
Y es que como dice Alejandro Martí, hace falta voluntad política para cumplir, y añadiría que no sólo con los compromisos en materia de seguridad, sino en todos los compromisos públicos que hace la autoridad en cualquiera de sus niveles y órdenes.
Volviendo al tema de la inseguridad, no nos hagamos tontos, meter la mano hasta el fondo de la cloaca tiene costos políticos tan altos que nadie tiene los pantalones para poner en riesgo su futuro político y su integridad física a favor del país.
Todo comienza con la “inocente” permisividad a faltas que parecen insignificantes pero sin las cuales, nuestro sistema de incentivos perversos no funciona. Menos en elecciones.
En efecto, cuando al ciudadano común se le permite estacionarse en lugares prohibidos, tirar basura, instalarse en la calle a vender piratería y contrabando, entonces se desvirtúa el pacto social y nadie le teme a la autoridad. Es aún más grave cuando la autoridad se disloca y en vez de sancionar se presta a la corrupción.
Y es que si nos asomamos a las faltas inocentes, nos daremos cuenta de que el comercio informal se alimenta de todo tipo de ilegalidades que van desde la competencia desleal hasta delitos graves sin que haya absolutamente nadie que ponga orden y que tenga la calidad moral para señalar el vicio.
Y es que nosotros los ciudadanos también nos hemos hecho cómplices de la delincuencia organizada; cuántos de nosotros hemos comprado alguna vez algún artículo pirata o fayuca bajo el estúpido pretexto de que “es más barato” sin tomar en consideración que cerramos el círculo de delitos como el robo y el contrabando.
Y es que somos un país de comodones que no estamos dispuestos a cargar con las consecuencias de nuestros actos, si no nos alcanza para comprar algo, simplemente no lo compramos, ah pero preferimos sacarle la vuelta aunque sea violando las leyes.
Con esas actitudes, la inmensa mayoría de los mexicanos debería estar en la cárcel.
Si el pueblo tiene alicientes para alimentar la delincuencia, imaginemos la dimensión de los incentivos que tiene la autoridad cuando tiene a una población que no se subleva porque se toleran prácticas ciudadanas al margen de la ley que son la base de toda la estructura delincuencial en nuestro país.
Ante esa doble moral, no nos queda de otra que moralizar a la sociedad porque no podemos dar el paso hacia la cultura de la legalidad si antes no comprendemos que tenemos que respetarnos y hacernos respetar para recuperar la congruencia y la cordura.
Y si esa es una obligación de todos, se exige desde luego que la autoridad deje señales contundentes de un cambio en su ética, porque las pueriles justificaciones de los últimos días sobre los resultados insatisfactorios en materia de seguridad, ponen en evidencia que tenemos políticos y gobernantes mediocres, de una bajísima escala moral y que no tienen aprecio siquiera por sí mismos. Dicho de otra manera no son honorables porque no tienen palabra de honor. En Japón ya se deberían practicar el harakiri.
El problema ya no está tanto en los indicadores, sino en que hace un año se les dijo claramente “Si no pueden, ¡renuncien!”Y pareciera que hubo oídos sordos y es peor por la impresión que dejan a los ciudadanos, porque si el gobernante o el funcionario pueden mentir impunemente y no cumplir sus compromisos sin castigo alguno, es tan grave como el asesino o el narcotraficante. Así nunca vamos a poder combatir la delincuencia.
Con justeza hay que decir que solamente Marcelo Ebrard le tomó la Palabra a Alejandro Martí y se comprometió, no en un año, sino en cien días a que daría resultados y no cumplió, pero vemos con tristeza que allí sigue despachando en el Ayuntamiento con todo el cinismo y la impunidad propios de los delincuentes organizados; por supuesto que se va a hacer el loco y no va a renunciar porque la Presidencia de la República bien vale mentir, incumplir, hacerse tonto y hasta delinquir.
Él y otros tantos más no pudieron, ¡Que renuncien! ¿O acaso no tienen Palabra de Honor?
Así es, hoy hace justamente un año se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el que los gobiernos estatales, el del Distrito Federal y el gobierno federal suscribieron una serie de compromisos para atenderse de inmediato y hasta en un plazo de dos años sin que se hasta ahora se tengan resultados satisfactorios.
Y es que como dice Alejandro Martí, hace falta voluntad política para cumplir, y añadiría que no sólo con los compromisos en materia de seguridad, sino en todos los compromisos públicos que hace la autoridad en cualquiera de sus niveles y órdenes.
Volviendo al tema de la inseguridad, no nos hagamos tontos, meter la mano hasta el fondo de la cloaca tiene costos políticos tan altos que nadie tiene los pantalones para poner en riesgo su futuro político y su integridad física a favor del país.
Todo comienza con la “inocente” permisividad a faltas que parecen insignificantes pero sin las cuales, nuestro sistema de incentivos perversos no funciona. Menos en elecciones.
En efecto, cuando al ciudadano común se le permite estacionarse en lugares prohibidos, tirar basura, instalarse en la calle a vender piratería y contrabando, entonces se desvirtúa el pacto social y nadie le teme a la autoridad. Es aún más grave cuando la autoridad se disloca y en vez de sancionar se presta a la corrupción.
Y es que si nos asomamos a las faltas inocentes, nos daremos cuenta de que el comercio informal se alimenta de todo tipo de ilegalidades que van desde la competencia desleal hasta delitos graves sin que haya absolutamente nadie que ponga orden y que tenga la calidad moral para señalar el vicio.
Y es que nosotros los ciudadanos también nos hemos hecho cómplices de la delincuencia organizada; cuántos de nosotros hemos comprado alguna vez algún artículo pirata o fayuca bajo el estúpido pretexto de que “es más barato” sin tomar en consideración que cerramos el círculo de delitos como el robo y el contrabando.
Y es que somos un país de comodones que no estamos dispuestos a cargar con las consecuencias de nuestros actos, si no nos alcanza para comprar algo, simplemente no lo compramos, ah pero preferimos sacarle la vuelta aunque sea violando las leyes.
Con esas actitudes, la inmensa mayoría de los mexicanos debería estar en la cárcel.
Si el pueblo tiene alicientes para alimentar la delincuencia, imaginemos la dimensión de los incentivos que tiene la autoridad cuando tiene a una población que no se subleva porque se toleran prácticas ciudadanas al margen de la ley que son la base de toda la estructura delincuencial en nuestro país.
Ante esa doble moral, no nos queda de otra que moralizar a la sociedad porque no podemos dar el paso hacia la cultura de la legalidad si antes no comprendemos que tenemos que respetarnos y hacernos respetar para recuperar la congruencia y la cordura.
Y si esa es una obligación de todos, se exige desde luego que la autoridad deje señales contundentes de un cambio en su ética, porque las pueriles justificaciones de los últimos días sobre los resultados insatisfactorios en materia de seguridad, ponen en evidencia que tenemos políticos y gobernantes mediocres, de una bajísima escala moral y que no tienen aprecio siquiera por sí mismos. Dicho de otra manera no son honorables porque no tienen palabra de honor. En Japón ya se deberían practicar el harakiri.
El problema ya no está tanto en los indicadores, sino en que hace un año se les dijo claramente “Si no pueden, ¡renuncien!”Y pareciera que hubo oídos sordos y es peor por la impresión que dejan a los ciudadanos, porque si el gobernante o el funcionario pueden mentir impunemente y no cumplir sus compromisos sin castigo alguno, es tan grave como el asesino o el narcotraficante. Así nunca vamos a poder combatir la delincuencia.
Con justeza hay que decir que solamente Marcelo Ebrard le tomó la Palabra a Alejandro Martí y se comprometió, no en un año, sino en cien días a que daría resultados y no cumplió, pero vemos con tristeza que allí sigue despachando en el Ayuntamiento con todo el cinismo y la impunidad propios de los delincuentes organizados; por supuesto que se va a hacer el loco y no va a renunciar porque la Presidencia de la República bien vale mentir, incumplir, hacerse tonto y hasta delinquir.
Él y otros tantos más no pudieron, ¡Que renuncien! ¿O acaso no tienen Palabra de Honor?
