Estado de guerra

El 11 de diciembre de 2006 el Presidente Calderón, más como un anuncio político con un pretendido efecto mediático que como acto formal, hizo una “declaración de guerra” a los capos del narcotráfico y dispuso de las fuerzas armadas para el efecto de combatir la delincuencia organizada.

Sin embargo, lo que parecía un acto valiente y esperanzador se ha trocado en una realidad dramática y aterrorizante cuando descubrimos que el problema se está saliendo de control del gobierno por dejar el asunto sólo en lo político y no en las formas.

De acuerdo con la fracción octava del artículo 89 de la Constitución, es facultad del Presidente de la República declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión, cosa que no sucedió.

Ahora bien, bajo el concepto del Estado de guerra, su aplicación es mayoritaria para conflictos con un país extranjero y debe sujetarse a un procedimiento escrito en el que se invocan instrumentos internacionales violentados, pero para el caso de la guerra civil el gobierno es el que convoca al estado de sitio o suspensión de garantías para mantener el orden público como lo expresa el artículo 29 de la Constitución que refiere explícitamente la suspensión de garantías individuales previo acuerdo de los titulares de las secretarías de estado y con la aprobación del Congreso de la Unión en los casos de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y además refiere que las garantías a suspenderse serían las que fuesen un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, cosa que tampoco sucedió ni sucede.

Dado lo anterior, pareciera que el Presidente, en vez de sujetarse a la norma jurídica como abogado que es, se ha ido por la libre con declaraciones ocurrentes que ponen en evidencia su falta de oficio político, su carencia de visión de Estado y además que está abrumado por los problemas sin saber cómo salir de ellos dejando más clara que nunca la frase de Séneca “Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va”

La realidad es que el ejército, a pesar de ser la institución con más credibilidad, comienza a caer en los fangos del desprestigio por estar en las calles combatiendo a un enemigo que se esconde entre la población civil y la utiliza como frente de guerra sin que haya una legislación que le de facilidades operativas a las fuerzas armadas en la coyuntura que vivimos.

Cierto es que hay una iniciativa al respecto que está atorada en el Congreso pero, sin justificar a los legisladores, esa ley se debió presentar y aprobar antes de sacar al ejército a las calles como ya lo mencioné antes al referirme al artículo 89 de la Constitución.

Y es que con una declaración de guerra revestida de toda la formalidad jurídica que se espera de un abogado, los ciudadanos realmente nos veríamos involucrados en la tarea de hacer frente al enemigo y no de estar entre declaraciones encontradas de que estamos en guerra y al mismo tiempo hablemos bien de México porque estamos en paz.

No puedo concebir en mi mente que la resistencia francesa, luego de la ocupación alemana, consumiera vinos Oppenheimer ante la falta de vinos de Burdeos o que adquiriera los bienes que el ejército nazi robaba a las familias judías que eran enviadas a los campos de exterminio. Para los franceses en resistencia era clarísimo que al enemigo no se le debía dar ninguna concesión.

Pero en México el gobierno nos dice que estamos en guerra contra el narco y no se hace ningún esfuerzo legal, ni político, mi mediático para hacer conciente a la población de que no se debe dar ni un milímetro de ventaja al enemigo y con sus comunicados encontrados de guerra-paz no nos damos cuenta que le exigimos seguridad al gobierno y al mismo tiempo consumimos de la cadena productiva que alimenta a los enemigos del Estado ya sea en la forma de piratería, contrabando, productos robados, prostitución, préstamos personales, obras públicas, seguridad alterna, etcétera.

Dado lo anterior se explica que se justifique el, por lo menos, inocente argumento de que los ciudadanos se insertan en la economía del enemigo por hambre, pero olvidamos que en un rasgo de identidad y patriotismo elemental, morir de hambre por la Patria es hasta honroso cuando se hace frente al enemigo, o al menos eso elogiamos a cada rato en el Himno nacional y el resto de nuestra mitología oficial.

“¡Guerra, guerra sin tregua al que intente, de la Patria manchar los blasones!” si los delincuentes ya mancharon los blasones patrios, por qué diablos el representante del Estado mexicano no hace las cosas con el orden esencial que se espera de quien defiende a la Patria, por qué no se ha dicho con toda seriedad a los mexicanos que estamos en guerra y que tomemos las previsiones pertinentes, por qué nos hacemos tontos y nadie hace su tarea en esta guerra.

Con una declaración formal de guerra no existiría siquiera la posibilidad de que una familia de Nuevo Laredo cometiera la osadía de salir a pasear en una zona de conflicto en la que podría morir en un supuesto fuego cruzado, ni se esperaría que un grupo de jóvenes fueran masacrados en una fiesta en Salvárcar o en las calles de Monterrey, simplemente saldríamos a zonas seguras y no andaríamos de noche por las calles, entenderíamos que estamos en guerra.

En la guerra nos sería comprensible el toque de queda, la limitación a celebrar reuniones a altas horas de la noche, hacer presencia en sitios de alto riesgo, proteger bajo un protocolo a la prensa y sobre todo, en casos de ataques del ejército a civiles sin justificación, denunciar crímenes de guerra que podrían ser sancionados en cualquier jurisdicción.

Y bajo esa lógica también es comprensible que el Presidente llegara a desconocer los compromisos que tiene con empresarios, banqueros, políticos, sindicalistas, funcionarios, ministros de culto, líderes y ciudadanos que se han vuelto traidores y sirven a los enemigos de México ¿Acaso también el Presidente está sometido a los caprichos del enemigo o es simplemente que se ha quedado solo?

Ya nos dimos cuenta

Cuando se analiza la guerra que Calderón, a título personal, declaró a los barones del narcotráfico me hace recordar irremediablemente a Leonidas y sus trescientos espartanos luchando contra un numerosísimo contingente persa.

Con esto no quiero hacer de Calderón un héroe ni lo vale, pero lo que sí queda de manifiesto es que sólo él y un puñado de colaboradores en el ejército y la armada se enfrentan a una gran cantidad de funcionarios y autoridades corruptas en los estados y municipios, en los poderes legislativos, en los judiciales y hasta en el propio gobierno federal.

A eso súmele una población condescendiente con las prácticas de infiltración económica de la delincuencia organizada que, lo mismo le provee de bienes y servicios a los capos que paga por su seguridad y hasta obras públicas.

Pero lo más grave, y espero la comprensión a mi postura temeraria, es la complicidad descarada de los Estados Unidos de América en la podredumbre de un negocio altamente rentable en el que son los principales beneficiarios y por el que no están dispuestos a perder un solo céntimo.

Sucede que tenemos un error de enfoque, el narcotráfico no es un problema ni de salud pública ni de seguridad nacional, en realidad es un problema de dineros en el que no entramos porque un negocio tan rentable no puede ser susceptible de la distribución de sus beneficios económicos.

Recordemos que en 1937 en los Estados Unidos se aprobó la Marihuana Tax Act por la que se prohibió el consumo de cáñamo en ese país, cáñamo que simplemente es cannabis o marihuana y que crece naturalmente en México; sucede que las fibras de celulosa que en aquél país se comenzaban a producir, a pesar de ser baratas, simplemente no podían competir con la calidad y resistencia del papel de cáñamo. La restricción de la marihuana ajustó convenientemente en los años de la prohibición del alcohol en Estados Unidos.

Y es que la marihuana causa efectos muy similares a los del alcohol pero sin la degeneración orgánica del segundo y, a pesar de que se ha comprobado científicamente que la marihuana no causa adicción fisiológica y tiene menos efectos secundarios, el hecho de permanecer en la proscripción no detiene su consumo y hasta se vuelve altamente rentable.

Desde luego que esa restricción devino en la proliferación de otros narcóticos naturales y sintéticos que al recibir el mismo trato de exclusión, se incorporaron a uno de los negocios más pujantes de todo el planeta.

Por eso la legalización de las drogas es anatema para los países de vocación capitalista, no porque acabe con la salud de las nuevas generaciones, sino porque acaba con las degeneradas utilidades de un negocio que no paga impuestos. Si México legalizara el consumo de drogas se rompería el esquema de la economía real y afectaría seriamente a los barones del narco del otro lado del Río Bravo, porque su costo bajaría de tal manera que el único resquicio de apreciación sería la zona fronteriza de los Estados Unidos y quedaría en evidencia el grado de involucramiento de autoridades, empresarios y ciudadanos americanos en ese negocio deshonesto. México sería objeto de una sanción inmediata por atreverse a “envenenar” a la población cuando en realidad se debería decir que se castiga por echarles a perder el negocio.

Combatir realmente al narcotráfico hasta eliminarlo para siempre del territorio mexicano también haría que el negocio quebrara, por eso los estadounidenses colaboran armando a los sicarios del narco y creando una red de incentivos sociales en una economía subterránea en que se hace a la población en general un cómplice del delito.

Por eso las autoridades hacendarias en México no pueden ni quieren meterse en el combate efectivo del problema, los dineros del narco; por eso la sociedad mexicana no tiene la calidad moral para exigirle a su gobierno que se combata la ilegalidad en todas sus aristas; por eso México no tiene la plena soberanía para erradicar para siempre al flagelo y por eso Calderón está condenado a terminar aplastado por el gigantesco ejército del Xerxes del Siglo XXI.

La promesa de que el problema se erradicará en un lapso de entre ocho y diez años debe leerse como que los Estados Unidos harán lo posible porque ya no se alborote el avispero y en ese lapso de tiempo los capos vuelvan al submundo del que no debieron salir y no se vuelva a alterar el negocio.

Hoy los Estados Unidos manotean y hacen alarde de un discurso hipócrita que dice colaborar con México para combatir al narco, pero en realidad el objetivo es frenar la violencia para que el negocio se vuelva tranquilo y no cueste más porque, muy seguramente, los beneficiarios están preocupados desde la Border Patrol y hasta la Casa Blanca y ya preparan una reunión del Consejo de Administración en territorio mexicano. ¿Qué quiere en realidad Estados Unidos?

México, la otra Barataria

Quise que ésta fuera la colaboración más breve, elocuente y contundente que podría hacer, pero la indignación me he obligado a hacer un análisis más extenso del escenario político mexicano. Por lo que van ambas.

Sentencia el Quijote en los consejos que dio a Sancho Panza:

“[…] que si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza […]”

Hasta aquí la colaboración y a continuación el análisis.

La tradición ubica al Quijote como el hombre culto, caballero andante que no puede prescindir de un escudero y al Sancho como el pueblo llano que, más que cultura, hace gala de la sabiduría popular y armado de refranes y de experiencias es capaz incluso de superar cualquier adversidad.

Por ello resulta ominosa, por decir lo menos, la ineptitud del aparato de gobierno en México y su total falta de oficio que raya en la grosera estulticia. Categóricamente no se puede admitir que una camarilla de “eminencias académicas” haya resultado ser una runfla de palurdos improvisados que, fácilmente, podrían ser superados en las artes del gobierno por un hombre de “[…] muy poca sal en la mollera” como se decía del labrador que Cervantes concibió.

Cuando un Ministro -y recalco la investidura para que no se confunda con el término oficial de Secretario o mandadero- cuando un Ministro de la política interna de un gobierno se comporta como todo, menos como un político que hace la representación del universo de lo público, la cosa ya va por muy mal camino.

Ahora resulta que los hombres públicos tienen el legítimo derecho a ser estúpidos y a hundir a su país si primero cumplen con el nobilísimo requisito de no ser deshonestos ni mentirosos. Si ese ministro, para protegerse en su arrogante visión de sí mismo y poner a salvo la interlocución con un actor de la oposición, pone en riesgo la interlocución con el resto de la oposición, con su propio partido, con su jefe y con su país, debe renunciar de inmediato porque simplemente no sirve, es torpe y obtuso para la política.

Y cuando pone en riesgo la interlocución con el que era su partido al renunciar a éste, dejando pistas y despertando suspicacias sobre presuntos acuerdos que atentan contra la democracia electoral, le saldría barato que lo echen de patitas en la calle.

Más grave resulta aún que, ante la suspicacia, el líder del que era su partido ponga en evidencia su conducta política pueril y, con una moral contraria a la del ministro, mienta de manera consuetudinaria primero para negar y luego para retractarse y hasta evidenciar una negociación turbia como si tuviera carta abierta para justificarse y hacer estupideces en nombre y en contra de México y peor, con la ingenua esperanza de que la población vote por su partido.

Por eso y sólo por eso, ese líder de partido debería largarse hasta del país. Con qué cara va a acudir a los mexicanos para convencerles de que su partido es una buena opción de gobierno.

Lo que el imberbe líder ha hecho es que la sociedad ubique al partido rival como astuto, igual de tramposo, pero no lo suficientemente idiota como para hacer desfiguros de cara a la nación. Ahora el PRI es el partido de los políticos cochinos pero listos y con eso basta al mexicano porque entre los listos y los tarados, al no haber opciones, nos quedamos con los listos, por muy ladrones que sean. Esa no debe ser la alternativa de México, ya nos vamos mereciendo un país sin priístas ni panistas o perredistas impunes, falsos y cobardes.

Y lo inverosímil, que el Presidente no estaba enterado ni de lo que hacía su ministro, ni de lo que pasaba en el partido de sus desvelos. Esa no se la cree ni un enfermo en estado de coma, porque si nos lo creemos, entonces resulta que tenemos un presidente autista, ignorante, alejado de lo que pasa en su país y sus relaciones políticas.

Qué le será peor a Calderón, pasar a la historia como un hombre pragmático y tramposo al que se le cayó el teatrito o como un hombre desinformado al que todos ignoran y actúan a sus espaldas.

Ahora los mexicanos somos el Quijote y los gobernantes son el fallido Sancho Panza, la culpa es de ellos y la vergüenza es nuestra. Los elegimos.

Para qué tanto brinco

Los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y Tlaxcala presentaron sus respectivos recursos de controversia constitucional en contra de la reforma del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal que la Asamblea Legislativa de esa entidad aprobara en diciembre de 2009; este proceso, aunado al que presentara la PGR, crea una ola política de peligrosas consecuencias para los promoventes.

Tal pareciera que la reacción contra la mencionada reforma se está produciendo con la víscera y no con la cabeza y, desde mi muy particular opinión, se está ante el riesgo de que las controversias sean rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, poniendo en un evidente ridículo a los quejosos y haciéndole gordo el caldo a los perredistas que aprovecharían la ocasión para la reivindicación de sus conquistas políticas.

Y es que, de origen, la propuesta de reforma resulta inofensiva porque en ningún momento se permite o se obliga explícitamente a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio civil, simplemente se sustituyó en la redacción del artículo 146 a “un hombre y una mujer” por “dos personas” que sí, tal vez podrían ser del mismo sexo o tal vez no, pero en esencia la reforma no tiene ninguna connotación homosexual.

Es cierto que los autores de la reforma iniciaron un debate malintencionado con todo el propósito de incitar a los grupos conservadores, homofóbicos y a las iglesias que se tragaron el anzuelo completito y respondieron a la provocación. Si tan sólo se hubiera presentado la iniciativa de reforma sin aspavientos la polémica estaría muy baja de tono, pero cuando se invocan los argumentos de posibilidad de matrimonios del mismo sexo, posiciones progresistas, intolerantes a la tolerancia y con plena dedicatoria a la Iglesia y a los sectores más conservadores en el PAN, la virulenta respuesta resultaba natural.

El problema es que los argumentos que presentan, tanto la PGR como los gobiernos locales, son ambiguos y hasta débiles porque en ninguna parte de la Constitución se menciona al núcleo familiar compuesto por determinadas figuras y lo mismo sucede con el artículo impugnado, por lo que toca a los estados el hecho de pretender desconocer la validez de un presunto matrimonio homosexual en otro estado, bajo la redacción del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, también desconocería en las entidades a los matrimonios heterosexuales.

El problema no está en el texto reformado, sino en las interpretaciones que se hacen de él, de hecho me atrevo a considerar inocua la reforma en el Distrito Federal y, aunque desde mi punto de vista respeto la diversidad de preferencias y no estoy de acuerdo en ponerle demasiada atención a un minúsculo segmento de la población, creo que se está exagerando demasiado el asunto.

Hay uniones heterosexuales y homosexuales de hecho que no precisan de la formalidad jurídica para generar compromisos exitosos y duraderos, ese es un asunto de la moral individual de las personas y esa se aprende en el hogar y, en todo caso, la Constitución sí es explícita al reconocer igualdad de derechos independientemente de la condición de cada individuo por lo que, en el Distrito Federal o en cualquier otro estado, cualquiera que pretenda unirse con una persona de su mismo sexo, se puede amparar para defender su garantía de igualdad ante la ley.

Pero nunca falta algún aspirante a político, voluntarioso y con una imagen magnificada de sí mismo que hace que se sienta Hammurabi y pretenda hacer la Gran Ley para figurar en la historia de México, aunque francamente lleve al edificio jurídico verdaderas manías para alimentar su gran ego y poner en evidencia su miopía como estadista.

El tema de los matrimonios del mismo sexo, más que del ámbito legislativo es digno del análisis de la política pública y allí sí sale perdiendo la comunidad lésbico-gay, transexual y transgénero porque, al no ser considerada su necesidad como un problema público -y al decir público me refiero a una posición mayoritaria de la población- debería resultar una petición rechazada por el poder ejecutivo en cualquiera de sus órdenes.

Dice un amigo muy estimado que teniendo cinco hermanos parece mentira que sus padres los hayan dejado de lado por atender a uno de ellos que tuvo orientación sexual diferente y eso es justamente lo que hizo el gobierno del Distrito Federal que, por defender la petición de una minoría en aras de un progresismo mal entendido, desatiende los serios problemas de una mayoría con necesidades más apremiantes y desprecia todo su ancestral bagaje cultural que, a decir del Diputado Muñoz Ledo y del Senador Carlos Navarrete, seguramente tendrá como resultado una baja en la intención de voto por el PRD.

Creo que el debate ha sido el pretexto perfecto para distraer la agenda pública de temas que requieren de mayor atención tales como la corrupción pública en el Distrito Federal, el manejo de los recursos públicos, las pretensiones presidenciales del Jefe de Gobierno y la falta de resultados en materia de seguridad, servicios públicos, infraestructura.

No dejemos que se nos vayan los asuntos importantes, ya es hora de que seamos maduros en la cosa pública y nos dejemos de discusiones pueriles que nos muestran como pubertos sociales.

Haití: Entre la desolación y la podredumbre humana

Cuando escribo estas líneas viene a mi mente el Adagio para cuerdas de Samuel Barber que fue calificada en 2004 como la obra musical más triste de todos los tiempos por la audiencia de la BBC y es que esos sonidos revelan profundamente el estado de desolación total y desesperanza, quizá provocada por una hecatombe o una inmensa desgracia.

Siempre ubiqué la imagen que me evoca esa obra en las ruinas de la Europa de 1945 totalmente devastada, arruinada hasta sus cimientos, calcinada, con sus hombres y mujeres deambulando por las calles sin esperanza ni mañana, tan sólo viviendo por vivir.

Pero a raíz del brutal cataclismo de Haití me he visto obligado a cambiar mis referentes sobre la imagen que me evoca esa obra y otro significado sobre la devastación total y la desesperanza absoluta. El desastre haitiano es el calamitoso efecto del estremecimiento de la tierra desde sus entrañas, pero su catástrofe humana es el ominoso resultado de la estulticia y el egoísmo de los hombres.

En efecto, el terremoto del 12 de enero de 2010 quizá haya sido una eventualidad providencial para poner frente a los ojos del mundo entero una crisis humanitaria que ya estaba presente desde hace muchos años y que ni los haitianos ni los “estadistas” y sus geniales ideas multinacionales pudieron o quisieron resolver.

Haití es la muestra histórica de la explotación irracional que desde el Saint Domingue de los Franceses, hasta nuestros días se hace patente. Los colonizadores franceses y su política esclavista y opresora detonaron una de las más tempranas y violentas luchas independentistas en el continente americano, pero esa lucha no hizo una nación mejor, el virus de la intolerancia y el egoísmo ya estaba inoculado en las mitocondrias sociales del naciente Haití que se vio reflejado en un país dividido entre la monarquía y la república coexistentes, continuas revueltas, deposiciones y golpes de Estado hasta que en 1914 fue invadido por los Estados Unidos bajo los mismos pretextos que ahora se enarbolan para ocuparlo de nuevo.

Haití es el país de la inestabilidad política provocada por el egoísmo humano, con tantos gobernantes como años tiene una década y con una espantosa falta de reconocimiento y de legitimidad de las autoridades. También es el país de la rapacidad, en donde la desordenada economía agrícola desertificó al territorio creando una crisis alimentaria y donde un minúsculo porcentaje de la población vive en la opulencia mientras una mayoría sufre los efectos de la miseria; desnutrición, analfabetismo, desempleo, enfermedades y violencia social.

No era necesaria la furia de la naturaleza para que los haitianos ejercieran la violencia por falta de víveres, es más, entre paisanos había crueles asesinatos en plena vía pública para luego incinerar los restos y practicar la antropofagia en medio de la indiferencia de una población que deambulaba por las calles sin nada que dejar y nada que esperar.

No hacía falta la desorganización local e internacional para que los haitianos recurrieran al consumo de la “pica” que es una galleta hecha de barro, manteca y sal que no nutre pero que palia el hambre y para colmo enferma y por si fuera poco todavía tiene valor comercial que, antes del terremoto, era aproximadamente del equivalente de 25 centavos cada una. Tampoco tenía que ocurrir este cataclismo para que las pandillas armadas salieran a despojar a las personas de lo elemental.

Pero si este panorama ya parecía desalentador aún hay más torpeza y estupidez humana, ya no se diga de los haitianos, sino de los “sensibles” líderes mundiales que vieron el problema de violencia e ingobernabilidad de esa nación caribeña y decidieron tomar parte activa para dejar las cosas tal y como ya estaban.

Así es, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití denominada por sus siglas MINUSTAH o mejor conocida por los haitianos como TURISTAH, se conformó mediante la resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de abril de 2004 como una Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) y así superar los problemas derivados del golpe de Estado de 1991 y la crisis social de 2004 y que, a la vista de los saldos del terremoto, ha sido un rotundo fracaso y viene a confirmar lo que ya algunos investigadores de las OMP’s y críticos de la ONU, desprestigiados por cierto, afirmaban: “Las OMP’s son un instrumento de legitimación de los intereses imperialistas, con el aval del títere que es el Secretario General en turno de la Organización de las Naciones Unidas”

Se tiene bien documentado por especialistas de la Universidad de Bradford, Inglaterra, que la intervención de los cascos azules de la ONU en Haití vino a perturbar más las condiciones de vida que lo que se podría esperar de una fuerza de pacificación; se tiene información precisa de la colusión entre los líderes de las pandillas de la localidad de Cité du Soleil y los efectivos de la fuerza multinacional para ejercer impunemente la prostitución, el tráfico de drogas, armas y personas y las agresiones sexuales.

Bajo estas condiciones resulta imposible tener éxito en la verdadera estabilización de Haití, cierto es que bajo el mandato de la ONU en ese país disminuyó la violencia pero, a decir de los estudiosos del tema, esto obedece más a la protección de los intereses criminales que a un verdadero abatimiento de las condiciones de incertidumbre en aquella nación caribeña.

Dado lo anterior resulta que MINUSTAH es un categórico fiasco y la prueba patente es que si en verdad se había alcanzado un nivel de estabilización y de organización social que sólo esperaba un proceso de consolidación institucional, según del informe del Secretario General de Naciones Unidas en octubre de 2009, lo cierto es que tras la eventualidad quedó de manifiesto que nunca hubo un Estado con autoridad reconocida que tuviera, ya no se diga los recursos, al menos la capacidad suficiente de organizar y coordinar a los cuerpos de emergencia locales e internacionales que le dieran sentido de oportunidad a las tareas de rescate y reconstrucción.

Ante este panorama resulta, por lo menos ingenua, la pretensión de la Senadora Adriana González Carrillo de que México participara en la Misión de Estabilización en Haití que podría poner en entredicho la solvencia moral de las fuerzas armadas mexicanas precisamente cuando el ejército mexicano se encuentra en una lucha contra el tráfico de drogas.

Nuevamente, al igual que en 1915 y bajo el pretexto de la inestabilidad política y la inseguridad, Estados Unidos envía un gran contingente militar a Haití que ha mantenido control sobre las operaciones internacionales de rescate y salvamento, con la complacencia de la ONU que ha privilegiado la conservación de la autoridad por encima de ese impulso humano que dicta ir a salvar vidas a como dé lugar. La ONU dispuso el fin de la fase de rescate de víctimas a sabiendas de que aún hay sobrevivientes bajo los escombros porque tiene la urgencia de reconstruir Haití ante la presencia exigente de contratistas estadounidenses que ya se aprestan a hacer negocios a costa del sufrimiento de los haitianos.

Estados Unidos ya tuvo su oportunidad desde 1915 y hasta 1934 y simplemente no logró la estabilidad de Haití, lo volvieron a intentar desde 1991 y hasta el día de hoy con pésimos resultados, pero no ceja en su intento de controlar ese país. ¿No será que está tratando de poner un frente oriental sobre Cuba para rodearlo y en su oportunidad cerrar la pinza contra el régimen de los Castro? Como que suena más a geopolítica que a asistencia humanitaria.

Por lo visto los intereses, el egoísmo y el enanismo mental de los poderosos se ponen de manifiesto y se usa como pretexto la desgracia de un pueblo débil y pobre que más que supuestas ayudas estériles lo que necesita es una simple oportunidad de hallarse a sí mismo y encontrar su camino.

Por favor, queremos escuchar una música de esperanza.